El incierto destino turco

Las últimas elecciones en Turquía sacan a la palestra la necesidad de acometer reformas que mejoren la posición turca con vistas a entrar en la Unión Europea.

Sandra Álvarez / Madrid

La victoria del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdogan, ha sufrido un importante retroceso electoral en las últimas elecciones celebradas ayer en Turquía. El AKP, pese a ser el partido más votado, con el 39% de los sufragios totales, ha perdido siete puntos respecto a las elecciones generales de 2007, lo que supone el primer puntapié electoral desde que llegó al poder en 2002.

Erdogan ha mostrado su satisfacción pese a los resultados y ha confirmado que con este triunfo pretenden transmitir al mundo el mensaje de que la prioridad de su gobierno es continuar con su camino de adhesión a la UE.

El interés del Gobierno Turco por ingresar en la Comunidad Europea se remonta al 14 de abril de 1987 cuando Turquía insta su adhesión plena a la Unión. Pero la relación del moderno estado turco con la Unión Europea comienza 1959, cuando pide negociar un acuerdo de asociación privilegiada con la recién creada Comunidad Europea, algo que logró en 1963. Desde el comienzo del reto de la integración europea, Turquía ha apostado por ello logrando, paulatinamente, hitos en su camino hacia la adhesión como el conseguido en 1970 al firmar un protocolo adicional que contemplaba la posibilidad de ingreso en la Unión o en 1996, cuando Turquía se convierte en el primer estado no perteneciente a la UE que formaba parte de la Unión Aduanera.

Pese a estas participaciones de Turquía en organizaciones internacionales occidentales desde que comenzó a esbozarse lo que hoy es la Unión Europea, muchos son los factores que la alejan de la misma. Mientras que Europa se asienta en pilares culturales cristianos, romanos e ilustrados, Turquía tiene una herencia cultural completamente distinta. El imperio Otomano es el antecedente del actual estado turco cuya herencia cultural musulmana está asentada desde hace más de seis siglos. Un legado que dista mucho del respeto de los valores esenciales que proclama la Unión Europea en el artículo 6.1 de su tratado fundacional, como son la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Un respeto que se ve vulnerado, según informa la Organización Mundial contra la Tortura, por la muerte de más de 200 mujeres y niñas por los denominados “crímenes de honor”. Una libertad que se ve incumplida por la invisibilidad a la que la sociedad turca está condenando a sus mujeres. Y una democracia que dista bastante de ser una democracia plena, tal y como la entendemos en Occidente ya que se trata de una democracia vigilada por un ejército que, a lo largo de la historia reciente, no ha dudado en intervenir para condicionar a los gobiernos si éstos se apartan de línea que marcó el padre de estado turco, Mustafá Kemal.

Tampoco son buenos augurios las cifras económicas turcas que sitúan a este país con una renta per cápita del 28% de la media de la Unión. Pero no es menos cierto que países que se han incorporado recientemente a la UE, como Rumania, tenían cifras que no distan de las de Ankara. Y en este campo económico, la Unión puede verse beneficiada. La entrada de los turcos en Europa supone la incorporación de un mercado de 80 millones de consumidores potenciales en 2015 (85 millones den 2030), lo que haría de la Unión, el primer mercado interior más grande del mundo. Sin olvidar las ventajas energéticas que supondría la incorporación de Turquía al encontrarse ésta próxima geográficamente al 65% del conjunto de reservas mundiales de crudo y de gas natural, lo que disminuiría la dependencia energética de la Unión respecto de Rusia.

Pero el principal problema para la UE es el conflicto con Chipre. Los veintisiete estados que actualmente conforman la Unión exigen la retirada de las fuerzas turcas del norte de la isla de Chipre y reconocimiento de la república greco-chipriota, miembro de la Unión desde el año 2006. Turquía invadió el norte de Chipre en 1974 y desde entonces la isla permanece dividida y con presencia militar turca en su zona norte.

Teniendo en cuenta este panorama que puede resultar desolador, el gobierno turco ya ha comenzado con reformas constitucionales y legislativas que acercarán a Turquía a la Unión Europea. El AKP ha hecho varios gestos para reconocer los derechos de la minoría kurda aunque, de momento, no le han reportado resultados en las urnas. Han comenzado las de relaciones con la vecina Armenia para superar el contencioso del supuesto genocidio de armenios por las tropas otomanas durante la Primera Guerra Mundial. En enero de 2004, además, Ankara firmó en Estrasburgo el protocolo número 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempos de guerra. Un año antes, había firmado el protocolo número 16 sobre la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz. Aunque en la práctica ha costado ver los resultados, Turquía ha aprobado una ley de prensa con vistas a garantizar la libertad informativa de los medios de comunicación. El Gobierno turco, también, ha aprobado una reforma de su Código Penal que se tradujo en un incremento de los derechos de la mujer y un endurecimiento de los castigos por torturas policiales.

Turquia está asumiendo grandes reformas con un solo fin: llegar al destino que pretenden, Europa.

La flexibilización del secreto bancario en Suiza

Ainhoa Murga González. MADRID.

El pasado febrero, los tribunales estadounidenses lograron abrir una grieta en el secreto bancario de Suiza. Un mes más tarde, los principales países con normativa fiscal más laxa han cedido ante las presiones del Grupo de los 20 para lograr una mayor transparencia y evitar el fraude fiscal. Uno de ellos es Suiza, que ahora debe hacer frente a las consecuencias de la relajación del secreto que ha forjado su estatus de imperio bancario.

Desde 1934, Suiza basa su sistema bancario en la política de confidencialidad. El país es un símbolo en esta práctica y en sus cuentas se halla un tercio del capital total depositado en paraísos fiscales. El G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han presionado las teclas correctas y su ‘secreto’ se ha flexibilizado, pero sólo un poco. El acercamiento a las normas fiscales establecidas por la OCDE no significa el fin del secreto bancario ni afectará a sus clientes suizos.

Las presiones de los gobiernos de Francia y Alemania sobre este tema se han incrementado desde que el UBS (principal banco suizo) cedió a las peticiones y entregó, el pasado mes de febrero, a la justicia estadounidense el nombre de clientes acusados de fraude fiscal. El objetivo era detener la evasión de impuestos de más de 52.000 clientes sospechosos, aunque el banco sólo dio 250 nombres y ha sido multado por colaboración en el delito, según Reuters, con 780 millones de dólares.

En esta cruzada política contra la evasión fiscal encontramos, de un lado, a los gobiernos de las principales economías mundiales, presionando a países como Suiza, Luxemburgo y Austria para que redefinan su posición y estrategia bancaria o serán incluidos en la ‘lista negra’ de los paraísos fiscales; de otro lado, los gobiernos de estos países tratando de equilibrar los intereses privados de sus bancos con lo que la comunidad internacional les pide.

Por el momento, Suiza, Austria y Luxemburgo accedieron a relajar su secreto bancario tras las presiones de la OCDE, cuyo argumento principal es evitar la protección de los clientes que usan estas cuentas para el blanqueo de dinero y el fraude fiscal. La decisión del gobierno suizo llegó después de que Liechtenstein y Andorra anunciasen, el 7 de marzo, su intención de colaborar con la OCDE.

La nueva posición de colaboración con el G-20 y la OCDE implica que los bancos deben mantener un intercambio de informaciones a petición de las autoridades fiscales de los países, pero siempre con motivo de investigaciones específicas sobre personas sospechosas de fraude fiscal. Pero, ¿la “flexibilización del secreto” supone la revelación automática del nombre de los clientes? No. El ministro de Finanzas austriaco, Josef Pröll, en la rueda de prensa celebrada en Viena, aseguró que las sospechas sobre prácticas irregulares de los depositarios deberán estar bien documentadas antes de que las autoridades accedan a abrir las cuentas de un cliente extranjero, según publicó El País el 13 de marzo.

En el mismo sentido se posicionó el presidente suizo y ministro de Economía, Hans-Rudolf Merz, que se esforzó por explicar que “se mantiene el secreto bancario” y que las peticiones de información se estudiarán “caso por caso”, subrayando la necesidad de sospechas fundadas de fraude fiscal, tal como recogía El País en su artículo del 14 de marzo. La aceptación de las normas de la OCDE ha supuesto para Suiza la supresión de la distinción entre fraude y evasión fiscal al nivel internacional, pero según publica el portal digital de noticias suizas Swissinfo, para Raymond Baker – director de la ONG Global Financial Integrity Program y experto en flujos ilícitos de fondos – “este anuncio no cambia las leyes suizas sobre el secreto bancario. Lo que el gobierno helvético dijo en sustancia, es que, si un gobierno extranjero sabe lo que busca, las autoridades suizas cooperarán. Pero el gobierno se da un espacio muy grande para denegar las demandas de informaciones”. Para Baker esta medida no es suficiente y ve necesaria la supresión secreto bancario para obtener algún resultado práctico.

El problema que se plantea en el país helvético, una vez cerrado el tema de su inclusión en la ‘lista negra’ que se plantea el G-20 de cara a la cumbre del próximo 2 de abril, es tranquilizar a los miles de clientes que tienen capital en sus bancos. Según publicó El Mundo el pasado 15 de marzo, 1,4 billones de euros son fondos de clientes privados extranjeros, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación Suiza de Banqueros (ASB). Es decir, el 42% de la fortuna total gestionada por los bancos suizos.

Cuando UBS comunicó la identidad de 250 clientes, Merz aseguró a los clientes de las entidades financieras suizas que el secreto bancario seguirá intacto y que el ‘caso UBS’ fue consecuencia de la voluntad del Gobierno helvético. Así mismo, el presidente de Suiza y ministro de Economía, expresó en la conferencia de prensa del día 13 de marzo que espera que el G-20 no tome ninguna represalia sobre Suiza en la cumbre del 2 de abril.

El asunto ha desatado un acalorado debate sobre los paraísos fiscales y el secreto bancario, considerado uno de los pilares de la plaza financiera suiza. A pesar de las recientes declaraciones de los líderes de países considerados paraísos fiscales, los enfrentamientos entre quienes quieren la supresión absoluta del secreto y los que lo defienden férreamente, continúan. En palabras de Raymon Baker en la entrevista publicada en Swissinfo, “la supervivencia del secreto bancario en Suiza va a continuar suscitando presiones sobre el gobierno helvético”.

Imágenes: El presidente y ministro de Economía suizo Hans-Rudolf Merz y sede del banco USB en Berna (APF)