La flexibilización del secreto bancario en Suiza

Ainhoa Murga González. MADRID.

El pasado febrero, los tribunales estadounidenses lograron abrir una grieta en el secreto bancario de Suiza. Un mes más tarde, los principales países con normativa fiscal más laxa han cedido ante las presiones del Grupo de los 20 para lograr una mayor transparencia y evitar el fraude fiscal. Uno de ellos es Suiza, que ahora debe hacer frente a las consecuencias de la relajación del secreto que ha forjado su estatus de imperio bancario.

Desde 1934, Suiza basa su sistema bancario en la política de confidencialidad. El país es un símbolo en esta práctica y en sus cuentas se halla un tercio del capital total depositado en paraísos fiscales. El G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han presionado las teclas correctas y su ‘secreto’ se ha flexibilizado, pero sólo un poco. El acercamiento a las normas fiscales establecidas por la OCDE no significa el fin del secreto bancario ni afectará a sus clientes suizos.

Las presiones de los gobiernos de Francia y Alemania sobre este tema se han incrementado desde que el UBS (principal banco suizo) cedió a las peticiones y entregó, el pasado mes de febrero, a la justicia estadounidense el nombre de clientes acusados de fraude fiscal. El objetivo era detener la evasión de impuestos de más de 52.000 clientes sospechosos, aunque el banco sólo dio 250 nombres y ha sido multado por colaboración en el delito, según Reuters, con 780 millones de dólares.

En esta cruzada política contra la evasión fiscal encontramos, de un lado, a los gobiernos de las principales economías mundiales, presionando a países como Suiza, Luxemburgo y Austria para que redefinan su posición y estrategia bancaria o serán incluidos en la ‘lista negra’ de los paraísos fiscales; de otro lado, los gobiernos de estos países tratando de equilibrar los intereses privados de sus bancos con lo que la comunidad internacional les pide.

Por el momento, Suiza, Austria y Luxemburgo accedieron a relajar su secreto bancario tras las presiones de la OCDE, cuyo argumento principal es evitar la protección de los clientes que usan estas cuentas para el blanqueo de dinero y el fraude fiscal. La decisión del gobierno suizo llegó después de que Liechtenstein y Andorra anunciasen, el 7 de marzo, su intención de colaborar con la OCDE.

La nueva posición de colaboración con el G-20 y la OCDE implica que los bancos deben mantener un intercambio de informaciones a petición de las autoridades fiscales de los países, pero siempre con motivo de investigaciones específicas sobre personas sospechosas de fraude fiscal. Pero, ¿la “flexibilización del secreto” supone la revelación automática del nombre de los clientes? No. El ministro de Finanzas austriaco, Josef Pröll, en la rueda de prensa celebrada en Viena, aseguró que las sospechas sobre prácticas irregulares de los depositarios deberán estar bien documentadas antes de que las autoridades accedan a abrir las cuentas de un cliente extranjero, según publicó El País el 13 de marzo.

En el mismo sentido se posicionó el presidente suizo y ministro de Economía, Hans-Rudolf Merz, que se esforzó por explicar que “se mantiene el secreto bancario” y que las peticiones de información se estudiarán “caso por caso”, subrayando la necesidad de sospechas fundadas de fraude fiscal, tal como recogía El País en su artículo del 14 de marzo. La aceptación de las normas de la OCDE ha supuesto para Suiza la supresión de la distinción entre fraude y evasión fiscal al nivel internacional, pero según publica el portal digital de noticias suizas Swissinfo, para Raymond Baker – director de la ONG Global Financial Integrity Program y experto en flujos ilícitos de fondos – “este anuncio no cambia las leyes suizas sobre el secreto bancario. Lo que el gobierno helvético dijo en sustancia, es que, si un gobierno extranjero sabe lo que busca, las autoridades suizas cooperarán. Pero el gobierno se da un espacio muy grande para denegar las demandas de informaciones”. Para Baker esta medida no es suficiente y ve necesaria la supresión secreto bancario para obtener algún resultado práctico.

El problema que se plantea en el país helvético, una vez cerrado el tema de su inclusión en la ‘lista negra’ que se plantea el G-20 de cara a la cumbre del próximo 2 de abril, es tranquilizar a los miles de clientes que tienen capital en sus bancos. Según publicó El Mundo el pasado 15 de marzo, 1,4 billones de euros son fondos de clientes privados extranjeros, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación Suiza de Banqueros (ASB). Es decir, el 42% de la fortuna total gestionada por los bancos suizos.

Cuando UBS comunicó la identidad de 250 clientes, Merz aseguró a los clientes de las entidades financieras suizas que el secreto bancario seguirá intacto y que el ‘caso UBS’ fue consecuencia de la voluntad del Gobierno helvético. Así mismo, el presidente de Suiza y ministro de Economía, expresó en la conferencia de prensa del día 13 de marzo que espera que el G-20 no tome ninguna represalia sobre Suiza en la cumbre del 2 de abril.

El asunto ha desatado un acalorado debate sobre los paraísos fiscales y el secreto bancario, considerado uno de los pilares de la plaza financiera suiza. A pesar de las recientes declaraciones de los líderes de países considerados paraísos fiscales, los enfrentamientos entre quienes quieren la supresión absoluta del secreto y los que lo defienden férreamente, continúan. En palabras de Raymon Baker en la entrevista publicada en Swissinfo, “la supervivencia del secreto bancario en Suiza va a continuar suscitando presiones sobre el gobierno helvético”.

Imágenes: El presidente y ministro de Economía suizo Hans-Rudolf Merz y sede del banco USB en Berna (APF)